En las localidades atendidas por cooperativas, llegan boletas siderales. La Provincia ofrecerá tres cuotas para pagar las facturas. Entidades piden fondo compensador.
En el interior provincial, allí donde viven los usuarios atendidos por cooperativas de servicios públicos, la bomba ya explotó: llegaron las boletas de luz que facturan los días de febrero, que valen el doble (o hasta más) que en enero.
Los dirigentes de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (Face) llevan ya 18 reuniones ante usuarios y comercios, que piden en asambleas explicaciones sobre el salto sideral de las boletas.
“Muchos nos dicen que no hay relación entre lo que paga, por ejemplo, un comercio del interior con uno de Capital, pero lo que pasa es que no hay una sincronía entre los períodos que se miran”, dice Guillermo Oviedo, coordinador general de Face Córdoba. Es que Epec mide los consumos cada 60 días y luego envía dos boletas iguales, una por cada mes leído. Todo ese proceso le lleva dos meses: así, la factura que llega estos días corresponde a consumos de diciembre y de enero, eventualmente unos días de febrero. Lo peor aún no llegó.
Pero en las cooperativas el proceso es más ágil y ya están recibiendo los días caros de febrero. El 1° aumentó.
Por ejemplo, un matrimonio que atiende un mercadito en Deán Funes recibió una boleta de $ 1.095.700 por los 4.052 kWh consumidos entre el 23 de enero y el 22 de febrero. “Eso equivale a unos 20 días de venta, no hay manera”, dice Micaela. Decidieron no vender más hielo, cuando se acaben los helados desconectarán ese freezer y se quedarán con una de las dos enfriadoras de bebidas. En el mientras tanto, no saben cómo pagar esa boleta.
La foto de la coyuntura es gravísima: desde febrero, la Secretaría de Energía de la Nación retiró los subsidios al sector de comercio y servicios (conocido como T2), que todavía tenían subsidios significativos. Por caso, los que tienen una demanda que va de 300 a 800 kW al mes cubrían con tarifa el 43% del costo de la energía, y los que demandaban desde 10 kW con consumos por encima de los 800 kWh pagaban el 76% del costo.
Pero, a su vez, esa energía aumentó 125% de precio, ya que pasó de costar $ 20.466 hasta el 31 de enero (para todo el país) a $ 46.018, más la potencia, que aumentó de $ 80 mil/mW/mes a $ 2.682.088. Y eso no es todo, porque los datos que acaba de publicar Cammesa prevén otro salto sideral del costo de generación, que podría pasar a alrededor de $ 98.029, dado que el costo de generación, que hoy está en U$S 60,12, pasará a 78 en el invierno.
A este cuadro de situación se le agrega un sector comercial que no pudo nunca reconvertir su parque tecnológico bajo la premisa de la eficiencia: muchos tienen heladeras viejas, de alto consumo y no hay ni crédito, ni precio, ni caja para poder hoy afrontar un recambio. Siempre se prometió, pero nunca logró articularse una línea de créditos, por ejemplo, para adquirir aparatos de bajo consumo. Encima, todos enhebran varios meses con caída reales en las ventas, achicando márgenes y descapitalizándose.
Ante este marco, la Provincia prepara algunos salvavidas de auxilio, que anunciaría mañana el gobernador Martín Llaryora. No hay chances de que la Provincia subsidie nada, pero sí la posibilidad de pagar febrero en tres cuotas, a tasas normales. Sería vía Epec o vía Banco de Córdoba, tanto para usuarios comerciales como residenciales.
UNA REVISIÓN AL SECTOR
La película es más compleja. El sector cooperativo en Córdoba está formado por 204 cooperativas que, en conjunto, tienen 3.700 empleados. Atienden al 30% de la población de la provincia, pero que está dispersa en el 70% del territorio, lo que implica mayores costos de transporte y distribución y también, mayores inversiones para un mercado más reducido. La más grande atiende a 20 mil usuarios y la más chica, a 30 mil. En promedio, un cliente residencial de una cooperativa paga 66% más que uno de Epec, aunque hay casos con mayores brechas.
Tienen valores agregados de distribución mucho más altos que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Por ejemplo: en febrero, para un consumidor residencial de 200 kWh al mes, la cooperativa de Alejandro Roca tiene un VAD que le agrega $ 84,62 al costo puro de la energía, que es uniforme en todo el interior de la provincia: $ 54,29 por kWw. La de Villa del Dique, $ 80,75; la de Nono, $ 77,78 y la de Chazón, $ 70,93. Epec, $ 21,62.
“Hay que ver cada situación, no es posible decir si es caro o ineficiente si no se tienen en cuenta la zona geográfica o la presencia de un gran consumidor”, dice Oviedo. Reniegan de las comparaciones con Epec: “Allá en un edificio viven 50 familias y acá hay pueblos con 300 o 400 habitantes”, diferencia.
En la Provincia son cautelosos ante esta situación porque entienden que son autónomas y que están conformadas por usuarios. Pero señalan que la dispersión es hoy un problema: un esquema tan numeroso de 204 cooperativas no existe en otras provincias y quizá derive en una estructura administrativa cara que haya que revisar o fusionar por regiones. “Estamos abiertos a todos los procesos que puedan mejorar la competitividad y los costos, siempre estuvimos abiertos a la posibilidad de trabajar en ese sentido, pero no se presta sólo el servicio de electricidad, son mutiservicios que han respondido a las demandas de las comunidades”, dice Omar Marro, presidente de Face Córdoba. Y da el ejemplo de Luque, su localidad de ocho mil habitantes: se quedó sin clínicas y la cooperativa adquirió tres ambulancias para conectar con Córdoba.
En el sector cooperativo reclaman la creación de un fondo compensador que permita que todos los usuarios paguen una tarifa uniforme con independencia de su ubicación geográfica o prestador y que, de alguna manera, regule la dispersión poblacional de los mercados.
Los legisladores Oscar Saliba (departamento General Roca, UCR) y Fernando Luna (Cruz del Eje, UCR) están trabajando en una iniciativa que diluya esas asimetrías. Una posibilidad es que se les permita a las cooperativas comprar en el mercado eléctrico mayorista. Ese fondo, según la propuesta de Saliba, podría ser financiado con aportes del juego o con algún punto adicional sobre el transporte, entre otras alternativas que se barajan.
“En las localidades pequeñas, la dispersión de usuarios no tiene ninguna relación con las áreas que cubre Epec, no son acreedoras de ningún tipo de subsidio o beneficio como sí lo tiene la empresa provincial”, sostiene Saliba.“Hay zonas donde hay un usuario cada dos kilómetros de línea y Epec en 100 metros tiene 80 usuarios. Las cooperativas están donde no están las grandes empresas ni Epec”, agrega.
Las cooperativas dicen que la distribuidora provincial se queda “con la crema del mercado”, que son aquellos más densamente poblados y que, cuando necesitó y emitió en 2017 un bono de U$S 100 millones para cubrir deudas corrientes, tuvo la garantía de coparticipación de la Provincia. Si bien no la usó, la garantía estuvo disponible.
Hay otra diferencia intangible: Epec es una empresa pública y la gestión está bajo la supervisión del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Es decir: todo el costo político de lo que Epec hace o deja de hacer le impacta al gobernador.
Las cooperativas son de los usuarios y su regulación está más diluida: el Ersep para los cuadros tarifarios, el ministerio en cuanto a su vinculación con Epec y, ahora, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales a cargo de Martín Gill.
Hay cooperativas que están en plena sintonía con los intendentes y otras que desde hace años han montado un campo de batalla con los poderes ejecutivos locales.
También cuestionan la espalda financiera que tiene la empresa como para, por ejemplo, pedir un cuadro tarifario pleno y luego aplicarlo de modo parcial, como pasó en 2023, cuando, por las elecciones, Epec pisó los aumentos en su valor agregado de distribución. “Habrá que esperar el balance del año para saber el impacto de esa medida”, dice Oviedo.
En la Provincia -donde por el momento prefieren reserva para hablar-, señalan que Epec mejoró sus costos porque en 2018 empezó un proceso de ajuste y eficientización que no se inició en el movimiento cooperativo.
Hoy la empresa tiene 25% menos de personal, eliminó la bolsa de trabajo, limitó la luz gratuita para sus trabajadores y anuló la injerencia del gremio en las decisiones administrativas y hasta gerenciales de la empresa. Si bien esas extralimitaciones no se replican entre las cooperativas, habría mucho por revisar.
FUENTE: La Voz del Interior
